📑 Tema 5: Derecho administrativo: fuentes, acto, procedimiento, recursos y régimen local

Consorcios de Bomberos del Poniente y del Levante Almeriense · Bombero/a

Resumen

Es el tema 5 del grupo I (materias comunes) de las bases del Poniente Almeriense (BOP de Almería núm. 246, 26/12/2025) y también de las del Levante Almeriense (BOP núm. 31, 14/02/2025), que traen el mismo temario. Epígrafe oficial: «El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición: el recurso extraordinario de revisión. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.» Las bases no dan bibliografía: se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos (CEIS Guadalajara).

Fuentes y jerarquía. Según el art. 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada; los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre y además informan todo el ordenamiento; la jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo; y los tratados se aplican directamente cuando se publican íntegramente en el BOE (art. 1.5 CC y art. 96.1 CE). La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).

La ley. Es la norma que aprueban las Cortes Generales (o los parlamentos autonómicos, como el Parlamento de Andalucía, en su ámbito). Las leyes orgánicas se reservan al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, a los Estatutos de Autonomía, al régimen electoral general y a las demás materias previstas en la Constitución, y su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE); el resto son leyes ordinarias. La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y las asambleas autonómicas pueden pedirla o remitir proposiciones (art. 87 CE). Salvo que digan otra cosa, las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, solo se derogan por otras posteriores y no tienen efecto retroactivo si no lo disponen (art. 2 CC).

Decreto-ley (art. 86 CE). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. El Congreso debe convalidarlos o derogarlos en los treinta días siguientes a su promulgación, y durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por urgencia. Los gobiernos autonómicos pueden aprobar normas equivalentes en su territorio de conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía (art. 127 de la Ley 39/2015).

El reglamento: concepto y titulares. Es una norma escrita dictada por el poder ejecutivo o la Administración, de rango inferior a la ley. El Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE), y la Ley 39/2015 (art. 128.1) la reparte entre el Gobierno de la Nación, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y los órganos de gobierno locales. Por su origen hay reglamentos estatales, autonómicos y locales (ordenanzas); por su forma, en el Estado, se ordenan así: primero las disposiciones aprobadas por real decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros y después las aprobadas por orden ministerial (art. 24 de la Ley 50/1997). Las habilitaciones para desarrollar una ley se dan, en general, al Gobierno, y solo excepcionalmente y justificándolo en la propia ley a los ministros (art. 129.4 Ley 39/2015; la STC 55/2018 anuló las menciones al «Consejo de Gobierno respectivo» y a las consejerías, porque eso lo decide cada comunidad autónoma).

Límites del reglamento. No puede vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes o a los parlamentos autonómicos, ni tipificar delitos, faltas o infracciones, establecer penas o sanciones, ni crear tributos u otras prestaciones patrimoniales de carácter público; además, las disposiciones administrativas se ajustan a la jerarquía que fijen las leyes (art. 128.2 y 3 Ley 39/2015). Si incumple estos límites o establece la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, es nulo de pleno derecho (art. 47.2). Al elaborar normas hay que respetar los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), hacer consulta pública previa en el portal web y publicar un plan normativo anual (arts. 129, 132 y 133; la STC 55/2018 declaró que los arts. 129, 130, 132 y 133 no se aplican a las iniciativas legislativas de las comunidades autónomas, y que el 132 y casi todo el 133 tampoco a sus reglamentos); y para entrar en vigor todo reglamento debe publicarse en el diario oficial (art. 131).

Otras fuentes y normas locales. Además de costumbre, principios generales, jurisprudencia y tratados, forman parte del sistema las normas de la Unión Europea. En el ámbito local, las ordenanzas se aprueban inicialmente por el Pleno, se someten a información pública y audiencia durante un mínimo de treinta días y se aprueban definitivamente por el Pleno; si no hay reclamaciones, el acuerdo inicial se entiende definitivo (art. 49 LRBRL). Después se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se ha publicado completo su texto y han pasado los quince días hábiles del art. 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales, que tienen su propio régimen (art. 70.2 LRBRL).

Principios informadores. La Ley 39/2015 no los enumera en un artículo propio: la guía de la oposición los lleva al art. 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que desarrolla el art. 103 de la Constitución. Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deben respetar, entre otros, el servicio efectivo a los ciudadanos; la simplicidad, claridad y proximidad; la participación, objetividad y transparencia; la racionalización y agilidad de los procedimientos; la buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; la responsabilidad por la gestión pública; la eficacia, economía y eficiencia; y la cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Para las normas, el art. 129 de la Ley 39/2015 fija los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Los interesados: capacidad de obrar (art. 3). Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones las personas físicas o jurídicas que la tengan según las normas civiles; los menores de edad para los derechos e intereses cuya actuación les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Son interesados (art. 4) quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos que pueden verse afectados, y quienes tienen intereses legítimos afectados y se personan mientras no haya resolución definitiva. Las asociaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos, y si la condición de interesado es transmisible, el derecho-habiente sucede cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Representación (arts. 5-8). Cualquier interesado con capacidad de obrar puede actuar por medio de representante. Hay que acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume. Vale cualquier medio que deje constancia fidedigna, y en particular el apoderamiento apud acta (comparecencia personal o electrónica) o la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Si falta o es insuficiente, se da un plazo de diez días para subsanar. Los poderes inscritos pueden ser generales, ante una Administración concreta o para trámites determinados, y valen como máximo cinco años. Con varios interesados, las actuaciones se entienden con el representante o interesado que hayan señalado y, si no, con el que figure en primer término (art. 7). Si aparecen personas afectadas en un procedimiento sin publicidad, se les comunica su tramitación (art. 8).

Claves para el examen

• Fuentes (art. 1.1 CC): ley, costumbre y principios generales del derecho; carece de validez la disposición que contradiga otra de rango superior (art. 1.2).
• Costumbre: en defecto de ley, no contraria a moral u orden público y probada.
• Jurisprudencia: complementa con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo (art. 1.6 CC).
• Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad sancionadora, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad.
• Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE).
• Leyes: en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, salvo otra cosa (art. 2.1 CC).
• Textos articulados: ley de bases. Textos refundidos: ley ordinaria (art. 82.2 CE).
• Delegación: expresa, materia concreta y plazo; se agota por el uso; sin subdelegación.
• Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad; convalidación del Congreso en 30 días.
• Límites del decreto-ley: instituciones básicas, derechos del título I, régimen de las CC. AA., derecho electoral general.
• Potestad reglamentaria: Gobierno, órganos de gobierno autonómicos y locales (art. 128.1 Ley 39/2015).
• Real decreto > orden ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997).
• Reglamento que vulnera la ley o invade la reserva de ley: nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015).
• Ordenanza: información pública mínima de 30 días; vigor tras publicación completa en el BOP + 15 días hábiles.
• Buena regulación (art. 129.1 Ley 39/2015): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

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