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📜 Tema 1: Constitución de 1978: principios, derechos y organización territorial

Ayuntamiento de Toledo · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento · Bombero/a-Conductor/a

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Epígrafe oficial

La Constitución Española de 1978. Principios Generales. La regulación de los derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitución Española. La Organización Territorial Española: las Comunidades Autónomas; las Entidades Locales: la Provincia en el Régimen Local, competencias.

Resumen

Tema 1 de la parte A (general) del anexo II de las bases (BOP de Toledo n.º 225, de 24/11/2025), que es el programa de tu convocatoria; aquí es el 1. El epígrafe oficial dice: «La Constitución Española de 1978. Principios Generales. La regulación de los derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitución Española. La Organización Territorial Española: las Comunidades Autónomas; las Entidades Locales: la Provincia en el Régimen Local, competencias.» Se estudia con la norma vigente el día en que se publicó la convocatoria (base 6.2.B).

Estructura. Tiene un preámbulo, un título preliminar y diez títulos con 169 artículos, más cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Los títulos: I, de los derechos y deberes fundamentales (arts. 10-55); II, de la Corona; III, de las Cortes Generales; IV, del Gobierno y de la Administración; V, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes; VI, del Poder Judicial; VII, Economía y Hacienda; VIII, de la organización territorial del Estado (arts. 137-158); IX, del Tribunal Constitucional; y X, de la reforma constitucional.

Derechos y deberes (título I). El art. 10 pone la dignidad de la persona como fundamento del orden político y manda interpretar los derechos según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España. Se divide en cinco capítulos: I, españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12); II, derechos y libertades, con el art. 14 (igualdad), la sección 1.ª de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29: entre otros, vida, libertad religiosa, libertad, intimidad, residencia, expresión, reunión, asociación, participación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición) y la sección 2.ª de derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38); III, principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); IV, garantías (arts. 53-54); y V, suspensión (art. 55).

Deberes y garantías que interesan al bombero. El art. 30.4 dice que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública: es el apoyo constitucional de la protección civil. El art. 53.2 permite pedir la tutela del art. 14 y de la sección 1.ª ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también cubre la objeción de conciencia del art. 30. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para defender estos derechos (art. 54). El art. 55 permite suspender ciertos derechos en los estados de excepción o de sitio; el estado de alarma lo declara el Gobierno por decreto en Consejo de Ministros por un máximo de quince días, prorrogables solo con autorización del Congreso (art. 116.2).

Organización territorial (título VIII). El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para gestionar sus intereses (art. 137), bajo los principios de solidaridad y de igualdad de derechos en todo el territorio (arts. 138 y 139). El capítulo II trata la Administración local: autonomía y personalidad jurídica plena de los municipios, gobernados por ayuntamientos (art. 140); la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado, cuyo gobierno corresponde a las diputaciones; y cualquier cambio de límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes (art. 141).

Las comunidades autónomas (capítulo III, arts. 143-158). Pueden constituirse las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica (art. 143.1). La iniciativa ordinaria corresponde a todas las diputaciones interesadas y a dos tercios de los municipios que representen la mayoría del censo electoral de cada provincia, en seis meses (art. 143.2); la vía reforzada del art. 151 exige tres cuartas partes de los municipios y referéndum. No se admite la federación de comunidades (art. 145.1). Las competencias posibles están en el art. 148 y las exclusivas del Estado en el art. 149; pasados cinco años, los estatutos pueden ampliar competencias (art. 148.2). Un Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en la comunidad (art. 154) y, si una comunidad incumple gravemente, el Gobierno puede aplicar el art. 155 con la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10 a 55). Empieza con el art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El capítulo I trata de españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). El capítulo II arranca con la igualdad ante la ley (art. 14) y tiene dos secciones: la 1.ª, derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29: vida, libertad ideológica, libertad personal con detención preventiva de 72 horas como máximo, inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito, reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, petición), y la 2.ª, derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38). Ojo al art. 30.4: mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la base constitucional del deber de colaboración en protección civil.

Claves para el examen

💡 Truco

Para la estructura, «1-10-169 y 4-9-1-1»: un título preliminar, diez títulos, 169 artículos, y luego 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Y los valores superiores del art. 1.1 con «LI-JU-I-PLU»: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 50 preguntas del test de este tema, con su explicación:

  1. Según el artículo 1.1 de la Constitución, ¿cuál de estos es un valor superior del ordenamiento jurídico?

    1. El pluralismo político
    2. La unidad nacional
    3. La seguridad jurídica
    4. La solidaridad territorial
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    a) El pluralismo político. Constitución Española de 1978, art. 1.1: España propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La seguridad jurídica es un principio del art. 9.3 y la solidaridad aparece en el art. 2.

  2. ¿Qué es fundamento del orden político y de la paz social según el artículo 10.1 de la Constitución?

    1. La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes
    2. La unidad de la Nación y la forma monárquica
    3. La economía de mercado, la libertad de empresa y la defensa de la productividad
    4. El sistema tributario justo y progresivo
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    a) La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. Art. 10.1 de la Constitución Española de 1978 (texto consolidado del BOE): la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

  3. ¿Cómo se elige a los alcaldes según el artículo 140 de la Constitución?

    1. Siempre por sufragio directo de los vecinos
    2. Por los concejales o por los vecinos
    3. Por la diputación provincial, en sesión plenaria
    4. Por el Delegado del Gobierno en la comunidad
    Ver la respuesta

    b) Por los concejales o por los vecinos. Art. 140 de la Constitución Española de 1978 (texto consolidado del BOE): los concejales son elegidos por los vecinos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; «Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos».

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