⚖️ Tema 4: La ley y el reglamento: fuentes del derecho

Concello de Ourense · Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento · Bombero/a-Conductor/a

Resumen

Tema 4 de la parte general del anexo I de tus bases (BOP de Ourense núm. 177, de 16/09/2025). El epígrafe oficial dice: «La Ley: concepto y clases. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento: concepto. Clasificación de los reglamentos.» Se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos.

Fuentes y jerarquía. Según el art. 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada; los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre y además informan todo el ordenamiento; la jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo; y los tratados se aplican directamente cuando se publican íntegramente en el BOE (art. 1.5 CC y art. 96.1 CE). La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).

La ley. Es la norma que aprueban las Cortes Generales (o los parlamentos autonómicos, como Les Corts). Las leyes orgánicas se reservan al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, a los Estatutos de Autonomía, al régimen electoral general y a las demás materias previstas en la Constitución, y su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE); el resto son leyes ordinarias. La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y las asambleas autonómicas pueden pedirla o remitir proposiciones (art. 87 CE). Salvo que digan otra cosa, las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, solo se derogan por otras posteriores y no tienen efecto retroactivo si no lo disponen (art. 2 CC).

Límites del reglamento. No puede vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes o a los parlamentos autonómicos, ni tipificar delitos, faltas o infracciones, establecer penas o sanciones, ni crear tributos u otras prestaciones patrimoniales de carácter público; además, las disposiciones administrativas se ajustan a la jerarquía que fijen las leyes (art. 128.2 y 3 Ley 39/2015). Si incumple estos límites o establece la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, es nulo de pleno derecho (art. 47.2). Al elaborar normas hay que respetar los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), hacer consulta pública previa en el portal web y publicar un plan normativo anual (arts. 129, 132 y 133; según la STC 55/2018, FJ 7, los arts. 129 y 130 no rigen para las iniciativas legislativas de las comunidades autónomas pero sí para sus reglamentos, mientras que los arts. 132 y 133, salvo el primer inciso del 133.1 y el primer párrafo del 133.4, no se les aplican); y para entrar en vigor todo reglamento debe publicarse en el diario oficial (art. 131).

Otras fuentes y normas locales. Además de costumbre, principios generales, jurisprudencia y tratados, forman parte del sistema las normas de la Unión Europea. En el ámbito local, las ordenanzas se aprueban inicialmente por el Pleno, se someten a información pública y audiencia durante un mínimo de treinta días y se aprueban definitivamente por el Pleno; si no hay reclamaciones, el acuerdo inicial se entiende definitivo (art. 49 LRBRL). Después se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se ha publicado completo su texto y han pasado los quince días hábiles del art. 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales, que tienen su propio régimen (art. 70.2 LRBRL).

Fuentes y jerarquía. Según el art. 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada; los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre y además informan todo el ordenamiento; la jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo; y los tratados se aplican directamente cuando se publican íntegramente en el BOE (art. 1.5 CC y art. 96.1 CE). La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).

Decreto-ley (art. 86 CE). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. El Congreso debe convalidarlos o derogarlos en los treinta días siguientes a su promulgación, y durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por urgencia. Los gobiernos autonómicos pueden aprobar normas equivalentes en su territorio de conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía (art. 127 de la Ley 39/2015).

Límites del reglamento. No puede vulnerar la Constitución ni las leyes, ni regular materias reservadas a las Cortes o a los parlamentos autonómicos, ni tipificar delitos, faltas o infracciones, establecer penas o sanciones, ni crear tributos u otras prestaciones patrimoniales de carácter público; además, las disposiciones administrativas se ajustan a la jerarquía que fijen las leyes (art. 128.2 y 3 Ley 39/2015). Si incumple estos límites o establece la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, es nulo de pleno derecho (art. 47.2). Al elaborar normas hay que respetar los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), hacer consulta pública previa en el portal web y publicar un plan normativo anual (arts. 129, 132 y 133; la STC 55/2018 declaró que los arts. 129, 130, 132 y 133 no se aplican a las iniciativas legislativas de las comunidades autónomas, y que el 132 y casi todo el 133 tampoco a sus reglamentos); y para entrar en vigor todo reglamento debe publicarse en el diario oficial (art. 131).

Otras fuentes y normas locales. Además de costumbre, principios generales, jurisprudencia y tratados, forman parte del sistema las normas de la Unión Europea. En el ámbito local, las ordenanzas se aprueban inicialmente por el Pleno, se someten a información pública y audiencia durante un mínimo de treinta días y se aprueban definitivamente por el Pleno; si no hay reclamaciones, el acuerdo inicial se entiende definitivo (art. 49 LRBRL). Después se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se ha publicado completo su texto y han pasado los quince días hábiles del art. 65.2, salvo presupuestos y ordenanzas fiscales, que tienen su propio régimen (art. 70.2 LRBRL).

Claves para el examen

• Fuentes (art. 1.1 CC): ley, costumbre y principios generales del derecho.
• Costumbre: en defecto de ley, no contraria a moral u orden público y probada.
• Jurisprudencia: complementa con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo (art. 1.6 CC).
• Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad sancionadora, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad.
• Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE).
• Leyes: en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, salvo otra cosa (art. 2.1 CC).
• Textos articulados: ley de bases. Textos refundidos: ley ordinaria (art. 82.2 CE).
• Delegación: expresa, materia concreta y plazo; se agota por el uso; sin subdelegación.
• Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad; convalidación del Congreso en 30 días.
• Límites del decreto-ley: instituciones básicas, derechos del título I, régimen de las CC. AA., derecho electoral general.
• Potestad reglamentaria: Gobierno, órganos de gobierno autonómicos y locales (art. 128.1 Ley 39/2015).
• Real decreto > orden ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997).
• Reglamento que vulnera la ley o invade la reserva de ley: nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015).
• Ordenanza: información pública mínima de 30 días; vigor tras publicación completa en el BOP + 15 días hábiles.
• Publicidad (art. 131 Ley 39/2015): sin publicación en el diario oficial no hay entrada en vigor; la edición en sede electrónica vale como la impresa.

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