📜 Tema 1: Constitución de 1978: principios, derechos y organización territorial

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Resumen

Es el tema 1 del anexo I de las bases (apartado A, temas generales), así que entra en el segundo ejercicio. La Constitución Española se aprobó por las Cortes, la ratificó el pueblo en referéndum y el Rey la sancionó en el Palacio de las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Se publicó en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, y entró en vigor ese mismo día, porque así lo dice su disposición final, que además manda publicarla en las demás lenguas de España. Estructura que tienes que saber de memoria: preámbulo, un título preliminar y diez títulos (del I al X), 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.

Características que caen: es una constitución escrita, extensa, de consenso y rígida. Rígida porque para reformarla no basta una ley normal: el art. 167 pide tres quintos de cada Cámara (con referéndum solo si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de ellas en 15 días) y el art. 168, para la revisión total o la que toque el título preliminar, la sección 1.ª del capítulo II del título I o el título II (la Corona), exige dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, nueva aprobación por dos tercios y referéndum obligatorio. No se puede iniciar la reforma en tiempo de guerra ni durante los estados del art. 116 (art. 169). Hasta hoy se ha reformado cuatro veces: art. 13.2 (1992, sufragio pasivo de extranjeros en municipales), art. 135 (2011, estabilidad presupuestaria), art. 49 (2024, personas con discapacidad) y art. 69.3 (reforma de 19 de mayo de 2026, publicada el 20/05/2026, que da circunscripción propia al Senado a Ibiza y a Formentera).

Título preliminar (arts. 1 a 9). Art. 1: España es un Estado social y democrático de Derecho; sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política es la Monarquía parlamentaria. Art. 2: unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, con solidaridad entre ellas. Art. 3: el castellano es la lengua oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla) y las demás lenguas son oficiales en sus comunidades según sus Estatutos. Art. 4: bandera roja, amarilla y roja, con la amarilla de doble anchura que cada roja. Art. 5: capital, la villa de Madrid.

Siguen en el título preliminar: partidos políticos (art. 6: expresan el pluralismo político y son instrumento fundamental para la participación política), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), ambos con estructura interna y funcionamiento democráticos; Fuerzas Armadas (art. 8: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, para garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional). El art. 9 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y, en el 9.3, garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

Título I, «De los derechos y deberes fundamentales» (arts. 10 a 55). El art. 10 pone la dignidad de la persona como fundamento del orden político y manda interpretar los derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España. Capítulo I (arts. 11-13): nacionalidad (ningún español de origen puede ser privado de ella), mayoría de edad a los 18 años y derechos de los extranjeros. Capítulo II: el art. 14 (igualdad) y dos secciones. La sección 1.ª (arts. 15-29) es la de los derechos fundamentales y libertades públicas: vida (abolida la pena de muerte salvo leyes penales militares en tiempo de guerra), libertad ideológica, libertad personal (detención preventiva de 72 horas como máximo), inviolabilidad del domicilio (solo entrada con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito), reunión sin autorización previa, asociación, tutela judicial, educación, sindicación y huelga, y petición.

La sección 2.ª (arts. 30-38) recoge derechos y deberes de los ciudadanos: defensa de España, y, muy nuestro, el art. 30.4, que permite regular por ley los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; sistema tributario justo (art. 31), matrimonio, propiedad, trabajo, negociación colectiva y libertad de empresa. El capítulo III (arts. 39-52) son los principios rectores de la política social y económica: familia, seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2), Seguridad Social, salud (art. 43), medio ambiente (art. 45), vivienda, personas con discapacidad (art. 49, nuevo desde 2024), tercera edad y consumidores.

Garantías y suspensión. Capítulo IV: los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, respetando su contenido esencial, puede regularse su ejercicio (art. 53.1). El art. 14, la sección 1.ª y la objeción de conciencia se protegen ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Los principios rectores solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen (art. 53.3). El Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales, regulado por ley orgánica (art. 54). Capítulo V: en estado de excepción o sitio pueden suspenderse los derechos del art. 55.1, pero en el de excepción nunca los del art. 17.3 (información al detenido y asistencia de abogado).

Título VIII, organización territorial (arts. 137 a 158). Capítulo I: el Estado se organiza en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, todas con autonomía para sus intereses (art. 137), con solidaridad y sin privilegios económicos o sociales entre Estatutos (arts. 138-139). Capítulo II, Administración local: autonomía y personalidad jurídica plena del municipio, gobernado por el Ayuntamiento (alcalde y concejales; el alcalde lo eligen los concejales o los vecinos) (art. 140); la provincia, agrupación de municipios con personalidad propia, gobernada por Diputaciones, y cuyos límites solo cambian las Cortes por ley orgánica (art. 141); haciendas locales con tributos propios y participación en los del Estado y CCAA (art. 142).

Capítulo III, Comunidades Autónomas: vía ordinaria del art. 143 (iniciativa de las Diputaciones y dos tercios de los municipios que sumen la mayoría del censo, en 6 meses; si fracasa, no se repite hasta pasados 5 años) y vía reforzada del art. 151 (tres cuartas partes de los municipios y referéndum). No se admite la federación de Comunidades (art. 145). El Estatuto es la norma institucional básica de cada comunidad (art. 147). Reparto de competencias: lista del art. 148 (CCAA), materias exclusivas del Estado del art. 149.1 (32 materias; la 29.ª es la seguridad pública) y leyes de los arts. 150.1 a 150.3. Control de las CCAA (art. 153: TC, Gobierno con dictamen del Consejo de Estado, contencioso y Tribunal de Cuentas), Delegado del Gobierno (art. 154), medidas del art. 155 (requerimiento al Presidente autonómico y aprobación por mayoría absoluta del Senado) y financiación y Fondo de Compensación (arts. 156-158).

Claves para el examen

• BOE núm. 311, 29/12/1978: entra en vigor el mismo día de su publicación (disposición final).
• Título preliminar + 10 títulos, 169 artículos; 4 DA, 9 DT, 1 derogatoria y 1 final.
• Reformas: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026).
• Reforma agravada del art. 168: dos tercios, disolución de Cortes y referéndum obligatorio.
• Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Forma política: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
• Castellano: deber de conocerlo y derecho a usarlo (art. 3.1).
• Bandera: la franja amarilla es de doble anchura que cada roja (art. 4.1).
• Detención preventiva: 72 horas como máximo (art. 17.2).
• Art. 30.4: deberes de los ciudadanos por ley en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
• Amparo: art. 14, sección 1.ª del capítulo II y objeción de conciencia (art. 53.2).
• Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54).
• Art. 137: municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía.
• Límites provinciales: solo las Cortes Generales, por ley orgánica (art. 141.1).
• Art. 155: requerimiento al Presidente autonómico y mayoría absoluta del Senado.

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 25 preguntas del test de este tema, con su explicación:

1. ¿Cómo se estructura el articulado de la Constitución Española de 1978?

   1. Un título preliminar y diez títulos, con 169 artículos
   2. Un título preliminar y once títulos, con 169 artículos
   3. Diez títulos sin título preliminar, con 159 artículos
   4. Un título preliminar y nueve títulos, con 196 artículos
   Ver la respuesta

   a) Un título preliminar y diez títulos, con 169 artículos. La Constitución tiene un título preliminar y los títulos I a X, con 169 artículos (el art. 169 es el último), más 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.

2. Según el art. 17.2, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de:

   1. Cuarenta y ocho horas
   2. Veinticuatro horas
   3. Noventa y seis horas
   4. Setenta y dos horas
   Ver la respuesta

   d) Setenta y dos horas. Art. 17.2: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario «y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial».

3. Para adoptar las medidas del art. 155 frente a una Comunidad Autónoma que incumpla sus obligaciones, el Gobierno necesita, tras requerir a su Presidente:

   1. La aprobación por mayoría absoluta del Congreso
   2. La autorización previa del Tribunal Constitucional
   3. El dictamen favorable del Consejo de Estado
   4. La aprobación por mayoría absoluta del Senado
   Ver la respuesta

   d) La aprobación por mayoría absoluta del Senado. Art. 155.1: el Gobierno, «previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado», puede adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso.

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