📋 Tema 28: Autoprotección: Real Decreto 393/2007

Diputación Provincial de Burgos · Servicio de Extinción de Incendios · Bombero/a

Resumen

Aviso importante sobre la norma. El epígrafe de Burgos cita el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (NBA), pero las bases dicen que, si cambia la normativa, el temario se entiende referido a la vigente. Y ha cambiado: el Real Decreto 524/2023 (Norma Básica de Protección Civil) derogó la NBA en su disposición derogatoria única, aunque mantuvo su aplicación hasta que se aprobara el instrumento que la sustituyera. Ese instrumento es la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026 y publicada por la Orden INT/1068/2026 (BOE de 10/10/2026). Según su apartado cuarto, el Real Decreto 393/2007 deja de aplicarse desde la publicación del acuerdo, que surte efectos desde el día siguiente. Por eso este tema se estudia con la Directriz, que mantiene la estructura de la NBA.

Fundamento legal. La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, incluye los planes de autoprotección entre los planes de protección civil, junto al Plan Estatal General, los territoriales y los especiales, y dice que establecen el marco orgánico y funcional de los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta adecuada en emergencias (art. 15.4). Su artículo 7 ter obliga a los titulares de centros, públicos o privados, que generen riesgo de emergencia a adoptar las medidas de autoprotección. El Real Decreto 524/2023 define los planes de autoprotección (art. 12), dice que los aprueba el titular de la actividad y que se comunican a la Administración para su registro e integración (art. 14.4), y prevé que las Directrices Básicas de Planificación las apruebe el Consejo de Ministros a propuesta de Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil (art. 5).

Objeto y ámbito (apartado 1.4 de la Directriz). Establece los criterios esenciales, de carácter mínimo, para regular la autoprotección, definir las actividades obligadas y elaborar, implantar y mantener el plan. Se aplica como norma mínima a las actividades del anexo I, y de forma supletoria a las que tienen reglamentación sectorial. Las Administraciones pueden exigir plan a actividades no incluidas si tienen especial riesgo o vulnerabilidad, y fijar umbrales más restrictivos (por aforo, vulnerabilidad, carga de fuego, sustancias peligrosas, accesibilidad o tiempo de respuesta de los servicios de rescate, entre otros). Quedan exentos del control administrativo y del registro, aunque deben tener plan, los centros de Defensa, instituciones penitenciarias, fuerzas y cuerpos de seguridad, resguardo aduanero, embajadas y consulados y órganos judiciales.

Catálogo de actividades (anexo I). Con reglamentación sectorial: establecimientos con sustancias peligrosas (Real Decreto 840/2015), industrias con carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 13.600 MJ/m2 (riesgo intrínseco alto 8 del Real Decreto 164/2025), almacenamientos de productos químicos, explosivos, túneles de más de 1.000 m, estaciones ferroviarias de 1.500 personas o más, puertos, aeropuertos, instalaciones nucleares y radiactivas, presas de categorías A y B y espectáculos públicos en edificios cerrados de 1.000 personas o más o con altura de evacuación de 28 m o más, al aire libre de 5.000 personas o más si el espacio está delimitado y de 20.000 si no lo está. Sin reglamentación sectorial: hospitales con hospitalización o tratamiento intensivo o quirúrgico, otros sanitarios de 28 m de altura de evacuación o 500 personas, centros docentes con 50 o más personas que no pueden evacuar por sí mismas, residencias o centros de día de 100 o más personas autorizadas, estaciones de autobuses de 1.500 personas, autopistas de peaje y vertederos de un millón de m3 o más.

Contenido mínimo del plan (anexo II). Es un documento único, con índice paginado y ocho capítulos: 1, identificación de los titulares y del emplazamiento (con coordenadas UTM, técnico redactor y directores); 2, descripción de la actividad y del medio físico, incluidos los accesos y las condiciones de accesibilidad para la ayuda externa; 3, inventario, análisis y evaluación de riesgos, propios y externos, y de las personas expuestas; 4, inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección, humanos y materiales, con planos de medios, recorridos de evacuación, áreas de confinamiento y sectores; 5, programa de mantenimiento de instalaciones y equipos; 6, plan de actuación ante emergencias (clasificación por riesgo, gravedad y ocupación; detección y alerta, alarma, respuesta, evacuación o confinamiento, primeras ayudas y recepción de ayudas externas); 7, integración en planes de ámbito superior; y 8, programa de implantación (responsable, formación, información a usuarios y señalización).

Criterios de elaboración (apartado 2.2.3). La elaboración, implantación, integración, mantenimiento, revisión, actualización y evaluación son responsabilidad del titular. El plan lo redacta y firma un técnico capacitado y lo suscribe el titular. El plan de actuación ante emergencias debe garantizar al menos la detección y alerta, la alarma, la intervención coordinada, el refugio, evacuación y socorro, la información a las personas expuestas y la solicitud y recepción de ayuda externa. El titular designa al Director del Plan de Autoprotección (que declara la emergencia y la notifica a protección civil) y al Director del Plan de Actuación ante Emergencias, y los medios se dimensionan según ocupantes, tamaño, vulnerabilidad y riesgos. El personal está obligado a participar según sus capacidades y a asumir las funciones asignadas (2.3.6).

Implantación, mantenimiento y revisión (apartados 2.5 y 2.6). La implantación incluye designar los componentes, los programas de información a la población, de formación de los intervinientes y de ejercicios y simulacros; el titular emite una certificación de implantación. Los simulacros se hacen con la periodicidad que fije el plan y, en todo caso, al menos una vez al año, evaluando sus resultados; comprueban la organización de respuesta, la capacitación del personal, los medios y los procedimientos, y el titular comunica su realización a protección civil. El plan tiene vigencia indeterminada y se revisa al menos cada cinco años (la NBA de 2007 decía tres). Los planes existentes se adaptan a la Directriz en un plazo máximo de cuatro años. El titular pone a disposición de los servicios de emergencia, en lugar visible a la entrada, una copia de los datos del anexo III con planos.

Integración con el sistema público. Los planes de autoprotección deben prever su integración en el plan territorial o especial de su ámbito (apartado 2.3.3), y su capítulo 7 recoge los protocolos de notificación, la coordinación entre la dirección del plan y la del plan de protección civil superior y las formas de colaboración. En Castilla y León, la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana, obliga a los titulares de actividades sometidas a control de riesgos a elaborar, mantener e implantar un plan de autoprotección y a informar de él a la Administración (art. 9), extiende la obligación a quienes alojan menores, personas mayores o con discapacidad (art. 10.3), prevé un registro de esos centros (art. 11.3) y define el plan como el marco orgánico y funcional cuya elaboración e implantación corresponde al titular (art. 18).

Claves para el examen

• La NBA (Real Decreto 393/2007) la derogó el Real Decreto 524/2023 y dejó de aplicarse el 10/10/2026.
• Hoy rige la Directriz Básica de autoprotección (Acuerdo del Consejo de Ministros de 6/10/2026, Orden INT/1068/2026).
• Ley 17/2015: los planes de autoprotección son uno de los cuatro tipos de planes de protección civil (art. 15).
• Los planes de autoprotección los aprueba el titular y se comunican para su registro (art. 14.4 del Real Decreto 524/2023).
• Anexo I: catálogo de actividades obligadas; las Administraciones pueden ampliarlo.
• Espectáculos: edificio cerrado de 1.000 personas o 28 m; al aire libre 5.000 (delimitado) o 20.000 (sin delimitar).
• Residencias y centros de día: 100 o más personas autorizadas.
• Anexo II: documento único de ocho capítulos.
• Capítulo 3: inventario, análisis y evaluación de riesgos; capítulo 6: plan de actuación ante emergencias.
• Lo redacta y firma un técnico capacitado y lo suscribe el titular.
• Simulacro al menos una vez al año.
• Revisión al menos cada cinco años; adaptación de los planes existentes en cuatro años.
• El Director del Plan de Autoprotección declara la emergencia y la notifica a protección civil.
• Ley 4/2007 de Castilla y León: obligación de plan de autoprotección (art. 9) y registro (art. 11.3).

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