🏃 Tema 38: Prevención de riesgos y mantenimiento físico del bombero

Diputación Provincial de Ávila · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a-Conductor

Resumen

Tema 38 del bloque II (materias específicas) del anexo I de las bases (BOP de Ávila núm. 239, 12/12/2025). Epígrafe oficial: «Prevención de riesgos y mantenimiento físico. Prevención de riesgos para bomberos. Medidas de seguridad en las intervenciones. Mantenimiento físico para bomberos.» Las bases no citan bibliografía: se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos (CEIS Guadalajara).

Conceptos (art. 4 LPRL). Prevención: actividades o medidas en todas las fases de la actividad para evitar o disminuir los riesgos. Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo; su gravedad se valora con la probabilidad del daño y su severidad. Riesgo grave e inminente: el que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave. Equipo de protección individual: el destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle de uno o varios riesgos. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz y el empresario el deber correlativo (art. 14); el coste de las medidas nunca recae sobre los trabajadores (art. 14.5).

Principios de la acción preventiva (art. 15): evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; anteponer la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones. Las medidas deben prever las distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador (art. 15.4). El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo ante un riesgo grave e inminente (art. 21) y debe velar por su seguridad y la de los demás, usar bien los equipos y EPI, no inutilizar los dispositivos de seguridad e informar de inmediato a su superior de cualquier riesgo; en un funcionario, el incumplimiento es falta disciplinaria (art. 29).

Evaluación de riesgos (Real Decreto 39/1997). Es el proceso para estimar la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse, para que el empresario decida si hacen falta medidas y cuáles (art. 3). La evaluación inicial se extiende a cada puesto de trabajo con riesgos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y si el trabajador es especialmente sensible (art. 4). Hay que volver a evaluar al elegir nuevos equipos o sustancias, introducir nuevas tecnologías, cambiar las condiciones de trabajo o incorporar a un trabajador especialmente sensible; y revisarla cuando se detecten daños a la salud o que la prevención es insuficiente, además de con la periodicidad pactada con los representantes (art. 6). En caso de duda, se adoptan las medidas más favorables desde el punto de vista de la prevención (art. 5.2). Con el resultado se planifica la actividad preventiva por orden de prioridades según la magnitud del riesgo y el número de trabajadores expuestos (art. 8), con programa anual si dura más de un año (art. 9). En un servicio de bomberos, la evaluación debe recoger tanto el parque (instalaciones, vehículos, mantenimiento) como las intervenciones (incendio, rescate, tráfico, altura, espacios confinados, mercancías peligrosas, electricidad).

EPI y protección colectiva. Según el Real Decreto 773/1997, los EPI se usan cuando los riesgos no han podido evitarse o limitarse suficientemente con protección colectiva o con medidas de organización del trabajo (art. 4): la protección colectiva va primero. El empresario determina los puestos que necesitan EPI, los elige, los proporciona gratuitamente y los repone, y vela por su uso y mantenimiento (art. 3). Los EPI deben ser eficaces sin crear riesgos adicionales, adaptarse al usuario y, si se usan varios a la vez, ser compatibles entre sí (art. 5). Se usan, almacenan, limpian y reparan según las instrucciones del fabricante y, en principio, son de uso personal (art. 7). El trabajador debe utilizarlos y cuidarlos, dejarlos después en su sitio e informar de inmediato a su superior de cualquier defecto (art. 10). Curiosidad normativa: el art. 2.2 excluye de la definición de EPI de este real decreto los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPI). Se publicó en el BOE núm. 140, de 12 de junio de 1997, y entró en vigor a los dos meses (disposición final tercera), el 12 de agosto de 1997. Es un reglamento de desarrollo de la Ley 31/1995 (art. 6) y, según su preámbulo, transpone la Directiva 89/656/CEE y recoge la obligación del Convenio 155 de la OIT de suministrar ropa y equipos de protección apropiados. Tiene diez artículos, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y tres anexos vigentes: el Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, reescribió los anexos I a III y suprimió el anexo IV.

Objeto y definición (arts. 1 y 2). El real decreto regula la elección, la utilización por los trabajadores en el trabajo y el mantenimiento de los EPI, y el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997) se aplica plenamente a todo ese ámbito. EPI es «cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin» (la misma definición que el art. 4.8.º de la Ley 31/1995).

Condiciones y elección (arts. 5 y 6). El EPI debe proteger eficazmente sin causar por sí mismo riesgos adicionales ni molestias innecesarias: responder a las condiciones del lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. Si hay riesgos múltiples y se llevan varios EPI a la vez, deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia. Para elegirlos, el empresario analiza y evalúa los riesgos que no se pueden evitar por otros medios (el anexo I es un esquema indicativo de riesgos y partes del cuerpo), define las características que deben reunir, las compara con las de los equipos del mercado y verifica que el elegido cumple el art. 5; esa determinación se revisa cuando cambian las circunstancias.

Utilización y mantenimiento (art. 7). Usar, almacenar, mantener, limpiar, desinfectar cuando proceda y reparar los EPI se hace siempre según las instrucciones del fabricante, y salvo casos particulares excepcionales solo se usan para los usos previstos. Las condiciones de uso, en especial el tiempo que hay que llevarlos, dependen de la gravedad del riesgo, del tiempo o frecuencia de exposición, de las condiciones del puesto, de las prestaciones del propio equipo y de los riesgos adicionales de su uso que no se hayan podido evitar. Los EPI son en principio de uso personal; si varias personas deben compartir uno, se adoptan medidas para que no haya problemas de salud o de higiene.

Información, formación y participación (arts. 8 y 9). Antes de usar los equipos, el empresario informa a los trabajadores de los riesgos contra los que protegen y de las actividades u ocasiones en que deben utilizarse, y les da instrucciones, preferentemente por escrito, sobre cómo usarlos y mantenerlos; el manual del fabricante queda a su disposición y la información debe ser comprensible. Garantiza la formación y organiza, en su caso, sesiones de entrenamiento, sobre todo cuando se usan simultáneamente varios EPI complejos. La consulta y participación se hacen conforme al art. 18.2 de la Ley 31/1995. Por su parte, el trabajador (art. 10) debe utilizar y cuidar correctamente los EPI, colocarlos tras su uso en el lugar indicado e informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño que pueda restarles eficacia.

Claves para el examen

• LPRL: Ley 31/1995; Derecho necesario mínimo indisponible.
• Se aplica también a funcionarios, con sus peculiaridades (art. 3.1).
• Art. 3.2: fuera solo las actividades de protección civil en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública cuyas particularidades lo impidan.
• Riesgo grave e inminente: racionalmente probable en un futuro inmediato y con daño grave.
• El coste de la prevención nunca recae en el trabajador.
• Nueve principios del art. 15; el primero, evitar los riesgos.
• Protección colectiva antes que individual.
• Evaluación de riesgos: estimar la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar (Real Decreto 39/1997, art. 3).
• En caso de duda, la medida más favorable para la prevención (art. 5.2).
• EPI: cuando el riesgo no se evita con protección colectiva u organización (Real Decreto 773/1997, art. 4).
• EPI gratuitos, repuestos cuando haga falta, y de uso personal.
• El trabajador informa de inmediato a su superior de los defectos del EPI.
• Ante riesgo grave e inminente, el trabajador puede interrumpir su actividad (art. 21).
• PLANCAL: zonificación conservadora; en caso de duda, la zona más amplia.
• RD 773/1997, de 30 de mayo; BOE 12/06/1997; en vigor a los dos meses.

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