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📜 Tema 1: Constitución de 1978: estructura, derechos y deberes

Diputación Provincial de Ávila · Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) · Bombero/a-Conductor

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Epígrafe oficial

La Constitución Española de 1.978: Antecedentes, estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Resumen

Tema 1 del bloque I (materias comunes) del anexo I de las bases (BOP de Ávila núm. 239, 12/12/2025). Epígrafe oficial: «La Constitución Española de 1.978: Antecedentes, estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.» Las bases no citan bibliografía: se estudia con la norma vigente y, en la parte técnica, con los manuales públicos de formación de bomberos (CEIS Guadalajara).

Estructura: preámbulo, 169 artículos repartidos en un título preliminar y diez títulos (I derechos y deberes fundamentales; II la Corona; III las Cortes Generales; IV Gobierno y Administración; V relaciones Gobierno-Cortes; VI Poder Judicial; VII Economía y Hacienda; VIII organización territorial; IX Tribunal Constitucional; X reforma constitucional), cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Se ha reformado cuatro veces: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (19 de mayo de 2026, circunscripciones de Ibiza y Formentera para el Senado).

Título preliminar: España es un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1); la soberanía reside en el pueblo español (1.2) y la forma política es la Monarquía parlamentaria (1.3). El art. 9.3 garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Título I (arts. 10-55). El art. 10 sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político y manda interpretar los derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Capítulo I: españoles y extranjeros (mayoría de edad a los 18 años, art. 12). Capítulo II: art. 14 (igualdad), sección 1.ª «derechos fundamentales y libertades públicas» (arts. 15-29: vida, libertad, detención preventiva máxima de 72 horas, habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, reunión, asociación, tutela judicial, huelga...) y sección 2.ª «derechos y deberes de los ciudadanos» (arts. 30-38: defensa de España, deberes ante grave riesgo, catástrofe o calamidad del art. 30.4, sistema tributario, propiedad, trabajo). Capítulo III: principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52: salud, medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo del art. 40.2...).

Garantías (capítulo IV, art. 53): los derechos del capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley que respete su contenido esencial puede regularse su ejercicio; el art. 14, la sección 1.ª y la objeción de conciencia se protegen por un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; los principios rectores solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen. Capítulo V (art. 55): suspensión de derechos en los estados de excepción y de sitio (no en el de alarma), salvo el art. 17.3 en el de excepción.

El Tribunal Constitucional (título IX, arts. 159-165, y LO 2/1979): 12 magistrados nombrados por el Rey (cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, por tres quintos; dos del Gobierno y dos del CGPJ), juristas con más de quince años de ejercicio, por nueve años y renovados por terceras partes cada tres; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del pleno por tres años. Conoce del recurso de inconstitucionalidad (plazo general de tres meses desde la publicación de la ley, art. 33 LOTC), del recurso de amparo (20 días frente a actos del Gobierno o la Administración y 30 frente a resoluciones judiciales, arts. 43 y 44 LOTC), de los conflictos de competencia y de las impugnaciones del Gobierno contra disposiciones autonómicas, que producen su suspensión, a ratificar o levantar en no más de cinco meses (art. 161.2).

Legitimación (art. 162 CE): recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos y asambleas de las comunidades autónomas; recurso de amparo, toda persona natural o jurídica con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares y tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente, sin recurso (art. 164).

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981) es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del título I, con facultad de supervisar la actividad de la Administración. Lo eligen las Cortes por cinco años con tres quintos del Congreso ratificados por la misma mayoría del Senado (o, en sucesivas propuestas, tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado); basta ser español mayor de edad en pleno disfrute de derechos civiles y políticos. Le auxilian un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo. Cualquier persona con interés legítimo puede dirigirle quejas, gratuitas y sin abogado, en el plazo máximo de un año; no puede hacerlo una autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Rinde un informe anual a las Cortes y está legitimado para los recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

La Constitución española de 1978 es la norma suprema: el artículo 9.1 dice que ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Sus antecedentes inmediatos son la Transición: la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política abrió el camino a las elecciones de 1977 y a unas Cortes que redactaron el texto. Las fechas que caen: el proyecto se aprobó en sesiones plenarias del Congreso y del Senado el 31 de octubre de 1978; se sometió a referéndum de la Nación el 6 de diciembre de 1978 (Real Decreto 2560/1978); el Rey la sancionó ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y se publicó en el BOE núm. 311 el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día (disposición final). La disposición derogatoria deroga expresamente la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del franquismo.

El artículo 9 es de los que más se preguntan: el 9.2 manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos; el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Claves para el examen

💡 Truco

«12-9-3-3»: el Tribunal Constitucional tiene 12 magistrados, nombrados por 9 años, renovados cada 3 años, y su Presidente dura 3. Y el Defensor del Pueblo, «5 y 3/5»: cinco años de mandato y tres quintos del Congreso.

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Preguntas de ejemplo del tema 1

Tres de las 60 preguntas del test de este tema, con su explicación:

  1. ¿En qué fecha se celebró el referéndum en el que el pueblo español ratificó la Constitución?

    1. El 6 de diciembre de 1978
    2. El 31 de octubre de 1978
    3. El 29 de diciembre de 1978
    4. El 27 de diciembre de 1978
    Ver la respuesta

    a) El 6 de diciembre de 1978. El Real Decreto 2560/1978 fijó el referéndum para el 6 de diciembre de 1978. El 31 de octubre se aprobó el proyecto en los plenos del Congreso y del Senado, el 27 de diciembre lo sancionó el Rey y el 29 de diciembre se publicó en el BOE.

  2. Según el artículo 4.2 de la Constitución, las banderas propias de las comunidades autónomas se utilizarán en sus edificios públicos y actos oficiales:

    1. En lugar de la bandera de España
    2. Solo en las fiestas regionales
    3. Junto a la bandera de España
    4. Únicamente si lo autoriza el Gobierno
    Ver la respuesta

    c) Junto a la bandera de España. Art. 4.2 de la Constitución Española de 1978 (texto consolidado del BOE): los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

  3. ¿Qué asociaciones prohíbe expresamente el artículo 22.5 de la Constitución?

    1. Las religiosas y las deportivas
    2. Las profesionales y las de carácter cultural o recreativo
    3. Las de vecinos y las juveniles
    4. Las secretas y las de carácter paramilitar
    Ver la respuesta

    d) Las secretas y las de carácter paramilitar. Art. 22.5 de la Constitución Española de 1978 (texto consolidado del BOE): «Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar». Solo pueden disolverse o suspenderse por resolución judicial motivada (art. 22.4).

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